Inclusión y calidad de la educación en Venezuela

Por: Nacarid Rodríguez Trujillo

Doctorado en Educación 

Universidad Central del Venezuela

Recientemente la Ministra de Educación Marian Hanson dio unas  declaraciones sobre la calidad de la educación: En Revolución la educación es inclusiva y de calidad al mismo tiempo, añadiendo que en este momento su despacho sistematiza el desarrollo de la calidad educativa para potenciarla… todo ello dentro de un conjunto de frases poco coherentes, llenas de retórica, sin proporcionar una información, dato, evidencia o demostración de lo realizado en estos aspecto esenciales del sistema escolar, ni durante su gestión ni en los  15 años de la llamada “revolución”.

Desde la Declaración de Salamanca en 1994, el concepto de inclusión ha sido motivo de investigaciones, reuniones, discusiones nacionales, regionales e internacionales, produciendo numerosas aclaratorias teóricas y recomendaciones prácticas para aplicarlas en los diferentes contextos y realidades de cada país.

El término inclusión ya no se utiliza para referirse a la igualdad de  acceso al sistema escolar, ni al incremento  de la matrícula, ni a la integración de  niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Una escuela inclusiva debe proporcionar una educación de calidad focalizada en las capacidades para aprender de cada estudiante, a fin de ofrecerle  el apoyo diferenciado que requiera y le permita maximizar sus posibilidades de logros. Significa el reconocimiento de la diversidad, de las diferencias individuales, y la obligación de   atenderlas en la escuela eliminando barreras de discriminación por razones económicas, de sexo, etnia, cultura, idioma, ubicación geográfica, religión,  características personales  y cualquier otra.   La educación inclusiva es considerada un “derecho positivo” que obliga a las autoridades a proporcionar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo en cada escuela y para cada niño o joven. Como bien acierta la Ministra, inclusión y calidad han devenido en conceptos interrelacionados, no puede haber inclusión sin calidad, por eso un gobierno que descuide la calidad en las escuelas oficiales, donde suelen acudir  los sectores de menores ingresos, promueve la desigualdad, la migración hacia el sector privado   y la educación de élites. En los últimos diez años la tasa de crecimiento de   la matrícula de la educación privada ha sido superior  a la del sector oficial.  El logro de la inclusión amerita proveer las mejores escuelas a la población   en situación  de mayor vulnerabilidad, de esta manera el sistema escolar podrá contribuir a disminuir desigualdades sociales.

Los factores que favorecen la educación inclusiva y la calidad son harto conocidos, han sido ampliamente divulgados e investigados. Se cuenta con el conocimiento ya organizado, con ejemplos de programas, con procedimientos probados y hasta con índices para hacer el seguimiento de políticas, programas y acciones. No hay excusas para postergar esfuerzos por  la mejora de la calidad en los niveles obligatorios del sistema.  Cuanto antes se empiece más estudiantes saldrán favorecidos, empezar desde el inicio de la escolaridad es esencial porque las dificultades tempranas no atendidas a tiempo se convierten en barreras posteriormente. Pierre Bourdieu decía que la indiferencia a las diferencias alimenta la desigualdad.

¿Qué hacen los Ministerios de Educación interesados  por la  calidad y  la inclusión?  ¿Cuáles son los factores esenciales sobre los que deben incidir?  ¿Qué se ha hecho en Venezuela al respecto? Para no alargar demasiado este escrito nos referiremos solamente a 4 de esos factores.

1. En primer lugar se preocupan por contar con buenos docentes porque hay acuerdo total sobre la importancia del docente como elemento esencial para la  calidad. Los buenos docentes son los docentes bien preparados pedagógicamente, con vocación y gusto por su profesión,  por eso se requiere poner atención a los procesos de selección, promoción, formación y retribución de su trabajo. Lamentablemente en Venezuela no se realizan concursos para el ingreso a la carrera, no se remunera apropiadamente a los profesionales de la docencia, se discrimina a los egresados de las universidades con mayor trayectoria en la formación de educadores, se les imparten cursos de formación ideológica en vez de reforzar sus conocimientos pedagógicos. Se mantienen altos porcentajes de docentes en calidad de interinos y se les contrata a tiempo convencional, por lo que no tienen tiempo para las necesarias reuniones pedagógicas en las escuelas.

2. Las escuelas requieren buenos directores, que promuevan la inclusión, la participación, que hagan de las escuelas verdaderas comunidades pedagógicas dedicadas a la formación y promoción de valores democráticos, de cooperación, de apoyo a los sujetos en situación de vulnerabilidad, de gusto por  el estudio y el conocimiento. Lamentablemente el Ministerio de Educación también eliminó los concursos para los cargos directivos, a pesar de que las investigaciones demuestran que quienes llegan por concurso se compenetran más con su trabajo. Casi un tercio de los directores son encargados y más del 16% labora a tiempo convencional, la remuneración para los cargos directivos apenas supera a la de los docentes de aula, hay pocos incentivos para asumir esa responsabilidad. El Ministerio no valora ni reconoce la centralidad de los directivos en el mejoramiento de la calidad de la educación, por ello les exige más el cumplimiento de tareas administrativas en detrimento de su función esencial como lo es la atención a los asuntos pedagógicos y de la calidad. La controvertida  resolución 58 prácticamente los despoja de su autoridad al interior de las instituciones escolares. A esto habría que agregar que tampoco se cuenta con supervisores preparados para asesorar a los directivos en la conducción de los procesos de inclusión y mejora de la calidad.    

3. El apoyo de la familia  es indispensable para el éxito de todos los alumnos, de manera prioritaria en las  comunidades de menos recursos. Venezuela requiere de un esfuerzo especial en la incorporación de la familia en este sentido a fin de identificar y disminuir las barreras que obstaculizan la inclusión. Un buen ambiente familiar que valore el estudio y el progreso mediante el desarrollo de las capacidades, es el mejor aliado en el éxito escolar, la familia garantiza la regularidad y puntualidad en la asistencia a la escuela. Sin embargo, la ausencia de políticas acertadas de construcción de viviendas,  las disposiciones de la LOE y de la Resolución 58 parecen pensadas para disminuir el papel de la familia en la educación de los niños colocándola en un plano inferior al de  la comunidad local y de los organismos del Estado.

4.  Hoy en día se reconoce mundialmente la necesidad del  seguimiento y evaluación de las políticas y programas de mejora escolar.  La investigación sistemática es la mejor acompañante de las acciones destinadas a promover el cambio en las escuelas. La recopilación sistemática de informaciones cualitativas y cuantitativas, el análisis minucioso de procedimientos y logros van señalando los aciertos y errores, van despejando las dificultades, e indicando los aspectos a modificar antes de que sea tarde. La investigación en educación no ha sido fomentada, en el año 2003 el Ministerio de Educación eliminó el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes SINEA, y el país fue retirado del único sistema de evaluación al cual llegó a pertenecer  como lo es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación LLECE, cuyas pruebas se aplicaron en dos ocasiones.  Ahora estamos excluidos o desaparecidos de casi todos los informes internacionales debido al atraso en la presentación de las estadísticas,   a la escasez de programas destinados a la promoción de la calidad y al rechazo de participar en cualquier sistema de evaluación.  En el año 2007 se fundó el Instituto de Investigaciones Pedagógicas en el Ministerio de Educación, cayendo inmediatamente en el olvido por lo que jamás llegó a funcionar, en una clara demostración del temor  de los  ministros a cualquier tipo de investigación que pueda demostrar los  efectos de su desempeño.   

 Estas políticas favorecen a los funcionarios porque impiden contar con evidencias sobre su gestión, restringen las posibilidades de hacer algún tipo de contraloría social, obstaculizan  que docentes, padres, representantes y alumnos reclamen su derecho a una educación de calidad.  En síntesis contribuyen con mantener a la población en la ignorancia y a obstaculizar el ejercicio de la ciudadanía.