Por: Nacarid Rodríguez Trujillo
Doctorado en Educación
Universidad Central del Venezuela
Recientemente la Ministra de
Educación Marian Hanson dio unas declaraciones sobre la calidad de la
educación: En Revolución la educación es
inclusiva y de calidad al mismo tiempo, añadiendo que en este momento su
despacho sistematiza el desarrollo de la
calidad educativa para potenciarla… todo ello dentro de un conjunto de
frases poco coherentes, llenas de retórica, sin proporcionar una información,
dato, evidencia o demostración de lo realizado en estos aspecto esenciales del sistema escolar, ni
durante su gestión ni en los 15 años de
la llamada “revolución”.
Desde la Declaración de Salamanca
en 1994, el concepto de inclusión ha sido motivo de investigaciones, reuniones,
discusiones nacionales, regionales e internacionales, produciendo numerosas
aclaratorias teóricas y recomendaciones prácticas para aplicarlas en los
diferentes contextos y realidades de cada país.
El término inclusión ya no se
utiliza para referirse a la igualdad de
acceso al sistema
escolar, ni al incremento
de la matrícula, ni a la integración de
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Una escuela
inclusiva debe proporcionar una educación de calidad focalizada en las
capacidades para aprender de cada estudiante, a fin de ofrecerle el apoyo diferenciado que requiera y le
permita maximizar sus posibilidades de logros. Significa el reconocimiento de
la diversidad, de las diferencias individuales, y la obligación de atenderlas en la escuela eliminando barreras
de discriminación por razones económicas, de sexo, etnia, cultura, idioma,
ubicación geográfica, religión, características
personales y cualquier otra. La educación inclusiva es considerada un
“derecho positivo” que obliga a las autoridades a proporcionar las condiciones
necesarias para hacerlo efectivo en cada escuela y para cada niño o joven. Como
bien acierta la Ministra, inclusión y calidad han devenido en conceptos
interrelacionados, no puede haber inclusión sin calidad, por eso un gobierno
que descuide la calidad en las escuelas oficiales, donde suelen acudir los sectores de menores ingresos, promueve la
desigualdad, la migración hacia el sector privado y la
educación de élites. En los últimos diez años la tasa de crecimiento de la matrícula de la educación privada ha sido
superior a la del sector oficial. El logro de la inclusión amerita proveer las
mejores escuelas a la población en situación
de mayor vulnerabilidad, de esta manera
el sistema escolar
podrá contribuir a disminuir desigualdades sociales.
Los factores que favorecen la
educación inclusiva y la calidad son harto conocidos, han sido ampliamente
divulgados e investigados. Se cuenta con el conocimiento ya organizado, con
ejemplos de programas, con procedimientos probados y hasta con índices para
hacer el seguimiento de políticas, programas y acciones. No hay excusas para
postergar esfuerzos por la mejora de la
calidad en los niveles obligatorios del sistema. Cuanto antes se empiece más estudiantes
saldrán favorecidos, empezar desde el inicio de la escolaridad es esencial
porque las dificultades tempranas no atendidas a tiempo se convierten en
barreras posteriormente. Pierre Bourdieu decía que la indiferencia a las
diferencias alimenta la desigualdad.
¿Qué hacen los Ministerios de
Educación interesados por la calidad y
la inclusión? ¿Cuáles son los
factores esenciales sobre los que deben incidir? ¿Qué se ha hecho en Venezuela al respecto?
Para no alargar demasiado este escrito nos referiremos solamente a 4 de esos
factores.
- En primer lugar se preocupan por contar con buenos
docentes porque hay acuerdo total sobre la importancia del docente como elemento
esencial para la calidad. Los buenos
docentes son los docentes bien preparados pedagógicamente, con vocación y
gusto por su profesión, por eso se
requiere poner atención a los procesos de selección, promoción, formación
y retribución de su trabajo. Lamentablemente en Venezuela no se realizan
concursos para el ingreso a la carrera, no se remunera apropiadamente a
los profesionales de la docencia, se discrimina a los egresados de las
universidades con mayor trayectoria en la formación de educadores, se les
imparten cursos de formación ideológica en vez de reforzar sus
conocimientos pedagógicos. Se mantienen altos porcentajes de docentes en
calidad de interinos y se les contrata a tiempo convencional, por lo que
no tienen tiempo para las necesarias reuniones pedagógicas en las escuelas.
- Las escuelas requieren buenos directores, que
promuevan la inclusión, la participación, que hagan de las escuelas
verdaderas comunidades pedagógicas dedicadas a la formación y promoción de
valores democráticos, de cooperación, de apoyo a los sujetos en situación de
vulnerabilidad, de gusto por el
estudio y el conocimiento. Lamentablemente el Ministerio de Educación
también eliminó los concursos para los cargos directivos, a pesar de que
las investigaciones demuestran que quienes llegan por concurso se
compenetran más con su trabajo. Casi un tercio de los directores son
encargados y más del 16% labora a tiempo convencional, la remuneración
para los cargos directivos apenas supera a la de los docentes de aula, hay
pocos incentivos para asumir esa responsabilidad. El Ministerio no valora
ni reconoce la centralidad de los directivos en el mejoramiento de la
calidad de la educación, por ello les exige más el cumplimiento de tareas
administrativas en detrimento de su función esencial como lo es la
atención a los asuntos pedagógicos y de la calidad. La
controvertida resolución 58 prácticamente
los despoja de su autoridad al interior de las instituciones escolares. A
esto habría que agregar que tampoco se cuenta con supervisores preparados
para asesorar a los directivos en la conducción de los procesos de
inclusión y mejora de la calidad.
- El apoyo de la familia es indispensable para el
éxito de todos los alumnos, de manera prioritaria en las comunidades de menos recursos. Venezuela
requiere de un esfuerzo especial en la incorporación de la familia en este
sentido a fin de identificar y disminuir las barreras que obstaculizan la inclusión. Un
buen ambiente familiar que valore el estudio y el progreso mediante el
desarrollo de las capacidades, es el mejor aliado en el éxito escolar, la
familia garantiza la regularidad y puntualidad en la asistencia a la escuela. Sin
embargo, la ausencia de políticas acertadas de construcción de
viviendas, las disposiciones de la
LOE y de la Resolución 58 parecen pensadas para disminuir el papel de la
familia en la educación de los niños colocándola en un plano inferior al
de la comunidad local y de los
organismos del Estado.
- Hoy en día
se reconoce mundialmente la necesidad del seguimiento y evaluación de las políticas
y programas de mejora escolar. La
investigación sistemática es la mejor acompañante de las acciones
destinadas a promover el cambio en las escuelas. La recopilación sistemática
de informaciones cualitativas y cuantitativas, el análisis minucioso de
procedimientos y logros van señalando los aciertos y errores, van
despejando las dificultades, e indicando los aspectos a modificar antes de
que sea tarde. La investigación en educación no ha sido fomentada, en el
año 2003 el Ministerio de Educación eliminó el Sistema Nacional de Evaluación
de los Aprendizajes SINEA, y el país fue retirado del único sistema de
evaluación al cual llegó a pertenecer
como lo es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la
Calidad de la
Educación LLECE, cuyas pruebas se aplicaron en dos
ocasiones. Ahora estamos excluidos
o desaparecidos de casi todos los informes internacionales debido al
atraso en la presentación de las estadísticas, a la escasez de programas destinados a
la promoción de la calidad y al rechazo de participar en cualquier sistema
de evaluación. En el año 2007 se fundó
el Instituto de Investigaciones Pedagógicas en el Ministerio de Educación,
cayendo inmediatamente en el olvido por lo que jamás llegó a funcionar, en
una clara demostración del temor de
los ministros a cualquier tipo de
investigación que pueda demostrar los efectos de su desempeño.
Estas políticas favorecen a los funcionarios
porque impiden contar con evidencias sobre su gestión, restringen las
posibilidades de hacer algún tipo de contraloría social, obstaculizan que docentes, padres, representantes y
alumnos reclamen su derecho a una educación de calidad. En síntesis contribuyen con mantener a la
población en la ignorancia y a obstaculizar el ejercicio de la ciudadanía.
