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martes, 6 de agosto de 2013

Doble inmoralidad


Doble inmoralidad
Por: Mariano Herrera
El mal de lo que nos gobierna en estos días, el de los herederos del difunto ex presidente, es esencialmente un asunto de valores, de moral. Pero empieza con una frase que parece inocente en la Constitución del 99. Dice así: “Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. Hoy estamos pagando lo que en esa frase pasó desapercibido. ¿Cuál es la justicia que no está prevista en el derecho? Los países democráticos se rigen únicamente por leyes, es decir, la justicia se logra aplicando las leyes y no otra cosa. Cuando en la propia Constitución se anticipa que va a haber un Estado de Justicia, además del Estado de Derecho, lo que se induce es que ya los que hoy nos gobiernan tenían en la mente aplicar una justicia por fuera de las leyes. Y eso es un asunto moral.
Moral por dos razones, una por lo increíblemente malicioso que es haber previsto eso en la Constitución, y dos, porque el derecho es la moral de toda la sociedad. La moral contiene los valores por los que se rige la vida de un individuo y, muchas veces está expresada en los mandamientos religiosos. Por el contrario, la religión, en democracia, es un asunto individual, es decir, cada quien puede decidir si sigue o no determinada religión. En cambio, el Estado de Derecho, es un conjunto de leyes y reglamentos que están en la Constitución de toda una sociedad y, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento y acatamiento. De hecho, la actual Constitución fue objeto de un referéndum y aprobada por mayoría, lo cual obliga a todos los ciudadanos a acatarla y a los funcionarios públicos, a cumplirla y hacerla cumplir.
Pero cuando se tiene esa trampa que es haber añadido una justicia que no es la que contempla el Estado de Derecho, se puede llegar a lo que en Venezuela se ha llegado. Para muestra un botón, lo que acaba de suceder con el diputado Richard Mardo. A los diputados del PSUV, no les importa que, en Derecho, sea necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea para allanar la inmunidad. Lo que prevaleció fue, para los del PSUV, una justicia que no está en las leyes ni en la Constitución. Ellos, con una especie de superioridad moral que nadie sabe de dónde la sacaron, decidieron que es justo juzgar sumariamente a un diputado. Ya antes ha sucedido con con Simonovis, los comisarios y la jueza Afiuni. Aplicaron una justicia que no es ni legal no constitucional. Para eso pusieron en la Constitución que Venezuela es un Estado de Derecho y de Justica. Para poder aplicar una justicia que no es legal. Es una inmoralidad doble.
Esto no sería posible sin la complicidad de quienes no gobiernan pero sí saben que lo que se hizo está mal. No es que  no diferencian entre el bien y el mal. Es que tomaron la decisión de hacer el mal. Este nivel, el de la decisión individual, es el de la ética. Do modo que, además de la inmoralidad, estamos frente a un comportamiento antiético de los que se prestan para todas estas inmoralidades. Este comportamiento antiético lo llaman “el costo de la revolución”: Dicen sí, está mal, pero eso es lo que hay que pagar para alcanzar el fin último.

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