Contracción y retroceso en cobertura y calidad educativa

Contracción y retroceso en cobertura y calidad educativa

Tal y como lo afirman  Luis Bravo Jáuregui y Alexander Uzcátegui, "estamos frente a un grave retroceso en la cobertura de la escolarización temprana, pese a la insistente propaganda oficial que habla de un milagro". 

Según cifras de la memoria y Cuenta del Ministerio de Educación. 35,5% de los niños de 0 a 8 años de edad está fuera del sistema escolar. En otras palabras, 1.835.760 de niños de los sectores bajos no tienen acceso a la educación gratuita, pública y popular.

Retroceso escolar 

Lo más grave de estas cifras es que representan un retroceso escolar que afecta, no sólo a los niños de menor edad, sino también a los de primaria. Las cifras de matrícula de planteles oficiales y en particular la de primer grado, muestra estancamiento y hasta disminución. Las autoridades educativas nacionales no han  planificado las inversiones para la construcción de nuevas escuelas y aulas. Tampoco de han preocupado por mejorar la calidad mediante proceso de selección y formación de nuevos docentes.

Este retroceso tiene consecuencias sociales y educativas graves para los afectados y para el país. Los afectados, al no contar con un nivel educativo suficiente, se verán condenados a ser pobres y a una inserción social precaria. No hay inclusión verdadera para ellos. Y la sociedad se perderá de los talentos de todos esos excluidos cuyos aportes significarían progreso social y económico para Venezuela. Otro retroceso consecuencia de la contracción y disminución de la matrícula es el incumplimiento de la Constitución. Según la carta Magna es obligatorio que todos los alumnos egresen como bachilleres. Los no matriculados se sumarán a los que actualmente abandonan su escolaridad y se contarán entre los que no alcanzan la escolaridad obligatoria.
Además, la misma Constitución establece la obligatoriedad de la atención a la primera infancia, es decir de 0 a 4 años. Las familias con niños entre estas edades no cuentan con suficientes centros educativos para atenderlos. Los pocos que hay son, en su mayoría, privados. Por lo tanto las familias de jóvenes de menos recursos, iniciando vida de familia, tienen menos oportunidades. Sus hijos pequeños no tienen centros educativos confiables, por lo cual al menos uno de ellos no podrá trabajar para ocuparse ellos. El gobierno les falla a las familias y deja de cumplir mandatos constitucionales claros.