Política y educación

Publicado en el diario Últimas Noticias el domingo 18 de noviembre de 2012, p. 32.

Por: Mariano Herrera

Una cosa son las políticas educativas y otra la política en educación.  En educación hace falta diseñar políticas públicas. Es decir, acciones que promuevan cambios o mejoras en el sistema educativo. Por ejemplo, para mejorar la calidad de la educación hay que prever mejoras en varias dimensiones. Si se parte de que es mejor que los docentes estén muy bien seleccionados y mejor formados, el gobierno tiene que prever acciones para promover buenos sistemas de selección y mejoras en la formación de los maestros. Si se quiere que las escuelas sean garantes de un buen funcionamiento tanto en lo pedagógico como en lo administrativo, es probable que lo mejor sea tener directores bien seleccionados y bien formados.
Si  se desea que haya una activa participación de la comunidad educativa, la escuela debe generar motivación y satisfacciones en alumnos y padres y representantes, para que todos  colaboren y participen proyectos comunes por el bien de los alumnos.  Para ello hace falta un buen  liderazgo de los directores.
La política educativa es eso: Buenas acciones para mejorar lo que hoy no nos deja muy satisfechos y que es obligatorio cumplir,  por mandato constitucional o legal. Otra cosa es que la política entre en las escuelas. Esto sucede cuando se nombran a docentes y directivos, no por su buen desempeño y credenciales adecuadas sino porque pertenecen al partido que gobierna o porque están  “conectados” con la autoridad educativa local.
La escuela es una institución con una misión social específica. En ella trabajan profesionales universitarios que estudiaron entre 4 y 5 años para adquirir las competencias que se requieren para producir justicia social, al lograr que los alumnos aprendan y se conviertan en ciudadanos. Para ello se requieren 11 años de escolaridad obligatoria, bajo la responsabilidad de profesionales, que son sus maestros y profesores.
La resolución 58,  que crea los “consejos educativos” y sustituye a la anterior resolución 751 sobre comunidades educativas, produce confusión en varios de los aspectos antes descritos. Por ejemplo, la gestión escolar, que debería ser ejercida por directores profesionales, queda en manos de 9 comités en los que participan personas que no son especialistas en esos temas.
 Las escuelas se convierten en centros de acción comunitaria. Llenas de adultos por todas partes discutiendo hasta de política en sus pasillos. Deja pues de tener como prioridad la atención a los niños y adolescentes, bajo el  pretexto de que estos aprenden más en contacto con la comunidad que con sus profesores y los programas oficiales.  Hay mucho desprecio por la profesión docente y por la función directiva en esa resolución. Si los consejos educativos se aplicaran en los hospitales y hubiera “consejos hospitalarios”, veríamos a pacientes y miembros de los consejos comunales vecinos de los hospitales, tomando decisiones acerca de las medicinas y técnicas de cirugía que se necesitan en el departamento de neurofisiología infantil, por ejemplo. Esto no se le ocurre a nadie porque la salud no se pone en manos de cualquiera. La educación tampoco.