Anomia y regla de oro

Publicado en Tal Cual el lunes 10 de diciembre de 2.012

Por: Mariano Herrera

Nuestro país vive en anomia, porque sus ciudadanos carecemos de prácticas de convivencia basadas en normas respetadas por todos. Se infringen normas de tránsito, se trasgreden normas de buen trato. Los peatones y usuarios de transporte público ensucian las aceras y las calles con basuras diversas. Abundan fiestas ruidosas y personas que no conversan para compartir con personas cercanas, sino que lo hacen en voz alta para que todos oigan y llamar la atención, no sé muy bien para qué.
Los policías no hacen respetar ninguna ley y, muchas veces, por el contrario, son los primeros en cometer todo tipo de infracciones o se dedican a proteger a los infractores. En particular he presenciado caravanas de entierros de motorizados que circulan por autopistas atravesando todos los vehículos en forma de “S” de lado a lado de las vías, acompañados por policías que parecían escoltarlos y protegerlos de todos los que estábamos siendo víctimas de semejante abuso.
Pero existen países donde infractores y abusadores son mal vistos por el resto y, cuando la falta es grave, intervienen las autoridades y hacen cumplir la norma, llegando a la aplicación de sanciones que pueden ser muy severas.
¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo se llega a ser una sociedad que respete las normas y no tolere ni el autoritarismo ni el laissez-faire laxista? Muchos responden: “Es un asunto cultural, nosotros somos así”. Si aceptáramos esta respuesta, no habría solución al problema.
Si planteamos que la solución es la educación, es necesario definir bien lo que entendemos por la educación. Porque ese comportamiento individual -que se vuelve colectivo cuando es el de la mayoría-  educa a los nuevos miembros de la sociedad, niños y jóvenes, que reciben esos valores negativos, mediante una educación espontánea que es la socialización. De modo que tendría que haber “otra” educación. Y la hay: la que se da en las escuelas. Las escuelas tienen que educar, y parte importante de esa “otra” educación, no socializadora, significa proteger a los niños y adolescentes de esa anomia que se vive en la sociedad fuera de la escuela. Esa protección es una ruptura con la cultura, si la cultura es la de la anomia. La escuela debe lograr que los alumnos no toleren la falta de normas, la ausencia de higiene y de respeto por el ambiente, la “viveza”, es decir las pequeñas trampas y deshonestidades cotidianas. La escuela tiene que funcionar al revés que la sociedad actual. Y así, cuando los alumnos sean educados como ciudadanos, producirán una sociedad responsable, con personas capaces de respetar al otro y aplicar la “Regla de Oro” que reza así: “Nunca hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Y trata a los demás como te gusta que te traten a ti.”
Pero sólo una educación de calidad podría producir ciudadanos que acaben con la anomia de la sociedad y sean capaces de vivir bajo la “Regla de Oro”. Y esa educación no es prioridad de este gobierno. Pareciera más bien que la desprecia.

PISA en Miranda

Publicado en el diario Tal Cual el lunes 26 de noviembre de 2012
Por: Mariano Herrera

Durante el año 2010 se aplicaron las pruebas PISA en el estado Miranda (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés). PISA es un proyecto de la OCDE cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos a los 15 años de edad que es cuando en muchos países llegan al final de la educación obligatoria.  Proporciona información abundante y detallada que permite adoptar políticas públicas para mejorar los niveles educativos.
La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. El énfasis de la evaluación está en el dominio de los conceptos y la habilidad de aplicarlos en varias situaciones dentro de cada dominio. También se obtiene información abundante de la situación socio-económica de los alumnos, características de la gestión escolar y del sistema educativo, entre otros asuntos.
Entre los muchos detalles que aportan los resultados en Miranda, voy a destacar dos: las relaciones que hay entre, por una lado, clima escolar, y por otro, escasez de docentes, y los resultados de las pruebas.
El clima escolar incluye las relaciones entre docentes y alumnos, docentes y docentes, directores y docentes y alumnos, y asuntos tales la como percepción del trato y del desempeño que reportan los alumnos acerca de sus docentes.
Pues bien, en Miranda, en todas las escuelas, se encontró una correlación estadística que permite afirmar que el clima escolar está fuertemente asociado al rendimiento de los alumnos, es decir, al resultado obtenido en las pruebas.  Mientras mejor el clima escolar, mejor el resultado promedio de los alumnos y, al contrario, al haber clima negativo, menor el resultado en las pruebas.
Con respecto a la escasez de docentes, en Venezuela puede estimarse que existe un 40% de déficit de profesores en secundaria, especialmente en las asignaturas científicas. El resultado de PISA en Miranda mostró también que en escuelas donde el déficit de docentes era mayor, peor fue el promedio en las pruebas.
El clima escolar depende esencialmente del director. Un buen director, sabe producir un clima a la vez exigente y agradable con trabajo profesional y bien centrado en el aprendizaje de los alumnos y el buen desempeño de los docentes. Está claro pues que si mejoramos la formación de los directores estaremos apoyando una palanca muy eficaz para mejora la calidad de nuestra educación.
El déficit de docentes es un problema de fondo del sistema educativo venezolano. Ser profesor de matemáticas, biología, química y física parece resultar poco atractivo para nuestros bachilleres. No sólo es necesario sino que es posible lograr que la docencia sea muy atractiva y que las ciencias también lo sean. Pero es necesario diseñar políticas bien orientadas hacia ese fin. Obviamente, en la actualidad, el gobierno no está trabajando ni en la formación de directores ni en hacer atractiva la profesión de profesor de ciencias en bachillerato. La sociedad debe presionar fuerte y reclamarlo hasta revertir esta ineficacia gubernamental

Entrevista al padre Luis Ugalde en El Universal, domingo 18 de noviembre de 2012

"La educación está reforzando las desigualdades sociales" - Nacional y Política - EL UNIVERSAL

Política y educación

Publicado en el diario Últimas Noticias el domingo 18 de noviembre de 2012, p. 32.

Por: Mariano Herrera

Una cosa son las políticas educativas y otra la política en educación.  En educación hace falta diseñar políticas públicas. Es decir, acciones que promuevan cambios o mejoras en el sistema educativo. Por ejemplo, para mejorar la calidad de la educación hay que prever mejoras en varias dimensiones. Si se parte de que es mejor que los docentes estén muy bien seleccionados y mejor formados, el gobierno tiene que prever acciones para promover buenos sistemas de selección y mejoras en la formación de los maestros. Si se quiere que las escuelas sean garantes de un buen funcionamiento tanto en lo pedagógico como en lo administrativo, es probable que lo mejor sea tener directores bien seleccionados y bien formados.
Si  se desea que haya una activa participación de la comunidad educativa, la escuela debe generar motivación y satisfacciones en alumnos y padres y representantes, para que todos  colaboren y participen proyectos comunes por el bien de los alumnos.  Para ello hace falta un buen  liderazgo de los directores.
La política educativa es eso: Buenas acciones para mejorar lo que hoy no nos deja muy satisfechos y que es obligatorio cumplir,  por mandato constitucional o legal. Otra cosa es que la política entre en las escuelas. Esto sucede cuando se nombran a docentes y directivos, no por su buen desempeño y credenciales adecuadas sino porque pertenecen al partido que gobierna o porque están  “conectados” con la autoridad educativa local.
La escuela es una institución con una misión social específica. En ella trabajan profesionales universitarios que estudiaron entre 4 y 5 años para adquirir las competencias que se requieren para producir justicia social, al lograr que los alumnos aprendan y se conviertan en ciudadanos. Para ello se requieren 11 años de escolaridad obligatoria, bajo la responsabilidad de profesionales, que son sus maestros y profesores.
La resolución 58,  que crea los “consejos educativos” y sustituye a la anterior resolución 751 sobre comunidades educativas, produce confusión en varios de los aspectos antes descritos. Por ejemplo, la gestión escolar, que debería ser ejercida por directores profesionales, queda en manos de 9 comités en los que participan personas que no son especialistas en esos temas.
 Las escuelas se convierten en centros de acción comunitaria. Llenas de adultos por todas partes discutiendo hasta de política en sus pasillos. Deja pues de tener como prioridad la atención a los niños y adolescentes, bajo el  pretexto de que estos aprenden más en contacto con la comunidad que con sus profesores y los programas oficiales.  Hay mucho desprecio por la profesión docente y por la función directiva en esa resolución. Si los consejos educativos se aplicaran en los hospitales y hubiera “consejos hospitalarios”, veríamos a pacientes y miembros de los consejos comunales vecinos de los hospitales, tomando decisiones acerca de las medicinas y técnicas de cirugía que se necesitan en el departamento de neurofisiología infantil, por ejemplo. Esto no se le ocurre a nadie porque la salud no se pone en manos de cualquiera. La educación tampoco.

Entrevista en El Nacional del 15/11/2012

EL NACIONAL - Jueves 15 de Noviembre de 2012 Educación y Sociedad/6

Educación y Sociedad

ENTREVISTA Mariano Herrera considera que la Resolución 058 no garantiza la equidad

"El derecho a la igualdad de oportunidades queda debilitado"
El director del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas señala que el instrumento legal confunde los roles

ARIANA GUEVARA GÓMEZ
arguevara@el-nacional.com

Mucho se ha hablado sobre el impacto de la Resolución 058 que ordena la creación de los consejos educativos: que se desvía el sentido de la educación, que el rol del director se diluye, que podría dejar la puerta abierta a la politización. Mariano Herrera, director del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas, cree que, en efecto, eso es así.

Pero, además, pone el acento en una preocupación particular: a su juicio, cuando se transfiere mucha responsabilidad a las comunidades se acentúa la desigualdad. Critica que el documento tenga tantos vacíos y que el proyecto no se haya consultado con todas las instituciones interesadas.

--¿Considera que la Resolución 058 reduce el poder de los directores? ­­

Sí, de alguna manera, porque el consejo educativo se concibe como un órgano ejecutivo y en muchos comités no está prevista la incorporación del director. Además, hay confusión en los roles de los comités y, de algún modo, el que sale más afectado es el director: muchas de sus funciones las asumirían instancias que no son del sistema educativo sino de la comunidad. Con esta resolución se permite, en principio, que haya personas que tomen decisiones técnicas que corresponden al directivo.

--¿Esa reducción del poder del director afectaría la calidad de la educación? --No sólo la calidad, sino también la igualdad. Hay responsabilidades y obligaciones que están en manos de la propia comunidad. Por ejemplo, un comité de infraestructura estará obligado a garantizar que la escuela se encuentre en buenas condiciones. No es el Estado, sino el comité.

Entonces, si estás en una escuela de un sector rural, donde la gente no tiene ingresos ni para comprar una pintura, la situación será distinta que la del este de Caracas, donde hay personas con muchos ingresos. En nuestra educación hay segregación: no se mezclan los sectores socioeconómicos en las escuelas. Por eso, con este comité el derecho a la igualdad de oportunidades queda debilitado.

Pero ese problema no se solucionaría con una resolución, sino con la atención del Estado a las desigualdades ­Creo que una resolución nunca debe decir que la obligación de padres y representantes es garantizar que la estructura esté en buenas condiciones. Yo creo que ese es un error, pues en pro de una exagerada apertura a la participación de todos en todo se producen estos inconvenientes. Primero, desigualdades. Segundo, hay confusión de roles: un técnico puede garantizar el cumplimiento de parámetros de estructuras. Las comunidades tienen el derecho de exigir, pero no pueden hacer trabajos técnicos a través de un comité. Se confunde el sujeto de derecho con la persona que tiene la responsabilidad. Es como si en un hospital los pacientes fueran los encargados de comprar las jeringas.

¿Cómo llevar a la práctica esta estructura tan compleja en ámbitos con baja participación? ­No creo que sea muy fácil.

Se llevará a la práctica en escuelas urbanas o liceos muy grandes, donde ya hay centros de estudiantes y otras estructuras. Pero en escuelas rurales o pequeñas, ¿de dónde van a sacar a los papás para crear 11 comités? Además, cada comité debe presentar informes trimestrales.

¿Se sobrecargarán de trabajo pocas personas? ­Se van a encargar de eso los activistas y ese es el peor problema de la resolución. Esto le abre las puertas, en nombre de la democratización, al activismo. Si fuese un activismo social, uno podría decir que está bien. Pero no es así. En el contexto actual lo que hay es activismo político. Entonces, los grupos que pueden copar los comités probablemente sean parte del activismo político que ya está en las comunidades.

¿Qué se debe hacer para que los padres participen más? ­Lo que fomenta la participación es que la escuela ofrezca algo que sea sentido por la comunidad como una necesidad o un interés. Cuando la escuela responde a las necesidades de los niños y las estructuras están en buenas condiciones, hay más gente dispuesta a ayudar.

¿Pero eso se puede lograr con una resolución o es algo que depende de la práctica? ­Creo que eso se puede poner en una resolución. Puede decir, por ejemplo, que el director promueva actividades que den satisfacción a la comunidad. Con esta resolución se impone que la participación debe mejorar la gestión, pero debe ser al revés: se debe mejorar la gestión para que se incremente la participación.

¿Cuál debe ser el límite de la participación de los consejos comunales? ¿Hasta qué punto ese trabajo puede ser positivo? ­He presenciado cosas positivas con los consejos comunales cuando ayudan a las escuelas. Por ejemplo, con el poder que tienen para manejar recursos pueden financiar la construcción de aulas. Pero ahí también se presta a la desigualdad: habrá consejos comunales mejor organizados y orientados a ese tipo de actividad, pero hay otros enfocados en algo distinto. Además, en las instancias a las que puede acudir la escuela no figuran las empresas privadas. Hay cosas que se logran por la flexibilidad de las escuelas en la búsqueda de cooperación, y eso pareciera que no está abierto en esta resolución. Habría que discutirlo.

El techo de la calidad

Publicado en el Diario Tal Cual el lunes 12 de noviembre de 2012

Por: Mariano Herrera

En nuestro país, la calidad de la educación deja mucho que desear. Los resultados de diversas evaluaciones, tanto locales como regionales y los resultados de las pruebas de ingreso a las universidades, muestran severos déficits en conocimientos y competencias básicas de los bachilleres. Esto nos dice pues que egresados del sistema educativo no han aprovechado bien su itinerario escolar en primaria y secundaria, es decir, que la calidad de la educación en esos niveles no es nada satisfactoria.
Si bien los factores que influyen en la calidad de los aprendizajes son múltiples, el techo de esa calidad es siempre la capacidad y el desempeño profesional de los docentes. El desempeño de los docentes viene a su vez  determinado por su formación. Los docentes se forman primero que nada en las universidades que ofrecen la carrera de educación. Luego terminan de aprender al iniciarse en el oficio. De modo que esos dos momentos en la formación de los docentes son fundamentales. Es obvio que algo anda mal allí también.
Trabajos nacionales e internacionales coinciden en que la formación universitaria de los docentes es poco especializada y no “profesionaliza”. Los egresados carecen de conceptos específicos de las ciencias pedagógicas y también carecen de conocimientos acerca de herramientas de trabajo, como métodos de enseñanza diversos y adaptados a realidades y contextos variados. Tampoco están familiarizados con los programas de estudios de sus futuros alumnos, es decir de primaria o secundaria. Y, por último, pero muy importante (“last but not least”) no  logran que los egresados dominen los contenidos de las asignaturas que deben enseñar, especialmente en primaria. De modo que, si queremos que mejore el desempeño de los docentes, es imprescindible mejorar tremendamente lo que están haciendo las universidades en sus carreras de formación de educadores.
Pero también tenemos la formación que sucede al iniciarse en el oficio. En muchos casos esto sucede simultáneamente con,  o incluso antes que, la formación universitaria. Los docentes trabajan en escuelas que no forman adecuadamente y la experiencia adquirida no suele ser buena porque las escuelas son institucionalmente débiles y los colegas tienen todos las mismas carencias en su formación.
Una política educativa seria que quisiera darle prioridad a la calidad de la educación y lograr que los estudiantes de todos los niveles educativos egresen con buen rendimiento y capacidades para continuar con éxito estudios universitarios o insertarse en el mercado laboral, debe  diseñar políticas específicas  para promover la mejora de la formación de los educadores en las universidades y, al mismo tiempo garantizar tutores bien capacitados y mejor orientados para apoyar a los docentes en su oficio cotidiano en las aulas.
Sin buenos maestros no hay buenas escuelas ni buenos alumnos. Hay que subir el techo de la calidad.

La resolución 58

Artículo publicado en el diario Tal Cual el lunes 29 de octubre de 2012
Por: Mariano Herrera
Lo importante en un reglamento de comunidades educativas es promover y reglamentar con claridad la participación de las familias en asuntos educativos y para apoyo a las escuelas.
La resolución 58 que implanta la nueva Comunidad Educativa, llamada ahora “Consejo Educativo”,  crea 11 comités con funciones ejecutivas que terminan siendo un gran enredo burocrático y abre las puertas de las escuelas a colectivos y organizaciones comunitarias. La gestión escolar requiere fortalecerse institucionalmente y profesionalmente. Esto se logra promoviendo mayor autonomía y responsabilidad a las escuelas y asegurando un mayor nivel y más especialización a directivos y docentes. Promover  la entrada de organizaciones comunitarias significa introducir el activismo político y social en las escuelas y desviarlas de su misión educativa.
La resolución es confusa, no están claros los objetivos de los Consejos Escolares ni de los 11 comités nuevos que se crean. Se establecen listados interminables de múltiples funciones cruzadas y comunes a varios comités a la vez. Supone un gran número de personas, incluyendo docentes y alumnos, dedicados a todo tipo de tareas dispersas, que desvirtúan y desvían la misión principal de la escuela  que es el aprendizaje y la enseñanza.
Se debilita la participación de padres y representantes en la toma de decisiones de la escuela,  se  debilita tremendamente la función de directores y se diluyen sus responsabilidades profesionales en un enredo burocrático. Esto va en contra de lo que se necesita: Más y mejores directores con mayores competencias institucionales y gerenciales.
Funciones como la supervisión, el mantenimiento y la capacitación de docentes, entre otros, están ahora bajo la responsabilidad de los Consejos Educativos. Parece que el Estado Docente se quiere desentender de sus deberes y dejar esa tremenda responsabilidad en manos de los beneficiarios. Es decir más deberes institucionales para quienes los sujetos de derechos y menos responsabilidades para las instituciones del Estado.
Quizás lo más grave, por lo que significa en términos del concepto que el gobierno tiene de la escuela, es  el artículo 5.5 que dice explícitamente que la escuela es “uno de los centros del hacer comunitario y que la comunidad es el centro del quehacer educativo”. ¿No es al revés? Una vez más el gobierno  desprecia el valor educativo de la escuela y pretende que la escuela sea un centro de activismo social y político para adultos. Se olvida de que la escuela es para los niños. Desprecia lo pedagógico y lo sustituye por la agitación y, eventualmente, la propaganda
La resolución es inviable o de muy difícil aplicación. Donde se aplique entrará la política y se distraerá a docentes y directivos quienes tendrán que atender asuntos ajenos a la educación de sus alumnos.  Padres y representantes, gremios docentes, partidos políticos y sociedad civil deberán prepararse para protestar y exigir diálogo para que las relaciones escuela-comunidad se rijan por normas sensatas, centradas en el bien de los alumnos y protegidas de la politización clientelar y partidista.